La Asamblea Nacional ha dado luz verde a dos importantes reformas legislativas con el propósito de modernizar y fortalecer el sistema educativo universitario. En primera instancia, se aprobó una reforma y adición a la Ley 89, conocida como la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Simultáneamente, se implementó una modificación a la Ley 582 o Ley General de Educación.
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El objetivo central de estas reformas es asegurar la gratuidad en el nivel formativo universitario. Para lograrlo, se ha fortalecido el papel del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y los órganos de dirección de las instituciones educativas superiores.
Estos cambios incluyen una mayor supervisión administrativa para garantizar la calidad y accesibilidad en la educación superior.
La reforma propuesta destaca la necesidad de transformar el modelo de gestión en la educación superior, focalizándose en redirigir las funciones del CNU como órgano rector del subsistema.
El CNU asumirá la regulación de las instituciones de educación superior y se comprometerá a formar profesionales alineados con el Plan Nacional de Desarrollo Humano.
Ángela Espinoza, Presidenta de la Comisión de Educación, Deportes y Medios, subrayó la historicidad de estas reformas al garantizar la inclusión, calidad y acceso gratuito en la educación superior.
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“Hoy es un día histórico, nuestro gobierno ha priorizado la educación en este país, la educación superior como una prioridad ha permitido que miles de jóvenes y adolescentes puedan acceder a los centros de educación superior como un derecho restituido a esa juventud y también a los adultos, de tal manera que es necesario hacer esta reforma que estamos viendo, de tal manera que hagamos del CNU un organismo que pueda cumplir a cabalidad con todas las exigencias de la modernización de la educación superior, con esto vamos a contribuir a qué mejoremos la calidad de la educación y que los trámites sean más rápidos, eliminando los trámites burocráticos”, mencionó Espinoza.
Asimismo, la diputada Maritza Espinales, vinculada a la estructura sindical de trabajadores del sistema educativo superior, resaltó la trascendencia de esta transformación para el sector.
“Es una reforma que va a impactar en el desarrollo del proceso de la calidad universitaria, también es importante destacar que estamos completando ese proceso de rescatar a la universidad, de realmente llevarla y acercarla a nuestro pueblo. Digo esto porque esta reforma transforma y moderniza la estructura universitaria, para dejar atrás la burocracia, la lentitud y esto nos va a permitir concretar lo que expresa el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza; una inclusión total”, destacó Espinales
Transformación de modelo de gestión en la educación superior
La meta es lograr el ingreso de 180 mil estudiantes a la universidad, buscando alcanzar la gratuidad total al eliminar el pago de prematrícula y matrícula.
La reforma facilitará el proceso de becas, agilizando trámites como la prematrícula, matrículas e inscripción de materias, además de reestructurar las instituciones del sector educativo superior.
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La autonomía administrativa, detallada en la reforma, implica gestionar la administración y el nombramiento del personal de acuerdo con la ley.
La autonomía financiera permitirá a las universidades elaborar su presupuesto interno y gestionar sus finanzas según la ley, con rendición de cuentas y fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República.
El artículo 13 establece que las universidades estatales, comunitarias e interculturales contarán con consejos de dirección integrados por el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, y el secretario o secretaria general designado por el CNU.
El Consejo Universitario estará compuesto por autoridades, directores por áreas de conocimiento, representantes estudiantiles y gremios docentes y administrativos, con equidad de género.
Las universidades podrán contar con centros regionales e institutos o centros de investigación. En el caso de las universidades privadas, su organización y gobierno seguirán lo estipulado en sus estatutos y reglamentos, pudiendo adoptar la naturaleza jurídica de sociedades mercantiles.
Por: Alejandro Marchena/Redvolución
