Realizan audiencia del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre Nicaragua
Nicaragua participó este sábado en la Audiencia del Tribunal Internacional de los Pueblos, al presentar testimonios contundentes que denunciaron las agresiones sufridas por el pueblo nicaragüense a manos de la política guerrerista, intervencionista e injerencista de Estados Unidos y sus aliados. En un evento lleno de emotividad y firmeza, se expusieron nueve testimonios que revelaron el impacto devastador de las acciones externas contra Nicaragua. Las personas que brindaron sus testimonios fueron Amada Pineda, Brenda Rocha (presidenta del Consejo Supremo Electoral), Alma Nubia Baltodano (magistrada del CSE), Alba Luz Ramos (presidenta de la Corte Suprema de Justicia), Orlando Tardencilla (abogado y notario público), Wilfredo Navarro (abogado y parlamentario de la Asamblea Nacional), Iván Acosta (Ministro de Hacienda y Crédito Público) y la doctora Sonia Castro (Asesora Presidencial para Asuntos de Salud). Lee también: Estos testimonios revelaron la complejidad de las agresiones sufridas por Nicaragua y cómo han afectado diversos ámbitos de la sociedad. Desde la injerencia en el proceso electoral hasta las consecuencias económicas y sanitarias, los testimonios expusieron la lucha constante del pueblo nicaragüense por su soberanía y dignidad. El Tribunal Internacional de los Pueblos es una plataforma independiente que busca dar voz a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y agresiones cometidas por actores estatales o no estatales. A través de este tribunal, se busca visibilizar las injusticias y promover la responsabilidad y rendición de cuentas de los responsables. Nicaragua, al participar activamente en esta audiencia, demuestra su voluntad de buscar justicia y poner al descubierto las agresiones que enfrenta. Este evento también brinda una oportunidad para que la comunidad internacional reflexione sobre la importancia de respetar la soberanía de los países y promover el diálogo constructivo en lugar de la confrontación.
EE.UU. envió a Guatemala tres aviones con deportados horas antes del fin del Título 42
El Gobierno de Estados Unidos envió este jueves a Guatemala tres aviones con un total de 387 migrantes indocumentados, incluidos al menos 72 niños, pocas horas antes de que finalice la política migratoria del Título 42, según RT. Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, desde septiembre de 2021 bajo el Título 42 fueron expulsados de territorio estadounidense un total de 61.433 ciudadanos del país centroamericano. Además, la institución estima que con el fin de la controvertida política migratoria de EE.UU. se incrementarán las deportaciones, por lo que insta a los guatemaltecos a no dejarse engañar y evitar migrar de manera irregular. Los vuelos con los 387 migrantes indocumentados partieron desde los estados de Texas y Luisiana. Esta semana, otros dos aviones llegaron a Colombia con aproximadamente 350 personas que no fueron admitidas en Estados Unidos. El Título 8 El controvertido Título 42, la norma bajo la cual el Gobierno de EE.UU. pudo expulsar rápidamente a miles de migrantes indocumentados con la justificación de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, expiró oficialmente a la medianoche de este jueves. La expiración de dicha medida y la entrada en vigor del Título 8 no implica que la frontera con México esté abierta. Bajo el Título 8, las personas que ingresen a territorio estadounidense de forma ilegal serán consideradas no aptas para solicitar asilo y estarán “sujetos a consecuencias penales”, como deportación, enjuiciamiento por intentos repetidos de entrada ilegal o una prohibición de 5 años para entrar al país norteamericano.
López Obrador carga contra las “represalias, castigos y bloqueos” de EE.UU. en Latinoamérica
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este jueves la política exterior de EE.UU. hacia Latinoamérica, particularmente por las represalias y bloqueos que impone Washington hacia algunos países de la región, como Venezuela y Cuba, informó RT. “¿Qué tienen que hacer –lo digo de manera respetuosa– los del Gobierno de EE.UU.? Buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina. En esa misma línea, se preguntó: “Cómo se va a poder mantener la armonía, la paz, la tranquilidad si se tienen diferencias, si hay confrontación con los vecinos. Lo primero es mantener muy buenas relaciones con los más cercanos”. López Obrador cuestionó que la política exterior de Washington sea “la misma de hace 200 años”, al tiempo que consideró que esta no puede seguir sustentándose “solo con carga ideológica y con medidas de represalias, castigos o bloqueos”. Doble rasero En su rueda de prensa, López Obrador puso como ejemplo que cuando se presenta una crisis del petróleo a nivel global, usualmente se tiene en cuenta para el diálogo al Gobierno de Venezuela, al estar “de por medio” el crudo, pero no se actúa del mismo modo para atender las causas estructurales que provocan la crisis económica en esa nación. Esa falta de diálogo fue cuestionada por el mandatario. “¿Por qué no se hace lo mismo [llamar al diálogo] para evitar que por necesidad salgan tantos venezolanos de su país?”, dijo. Paradójicamente, la respuesta de Washington ha sido endurecer las medidas coercitivas contra Venezuela que han afectado severamente a la industria petrolera, la principal fuente de ingresos para el país suramericano. Sanciones impulsadas por Washington Como consecuencia directa del aumento del régimen de sanciones de EE.UU. contra Venezuela, el flujo migratorio de venezolanos se ha intensificado en los últimos años. Caracas ha denunciado que Washington ha impuesto unilateralmente 765 medidas coercitivas contra la nación. De acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro, EE.UU. y la Unión Europea (UE), con apoyo de la comunidad internacional, han congelado y bloqueado “entre 24.000 a 30.000 millones de dólares” al Estado venezolano. Estos recursos retenidos en el extranjero podrían servir para la mejora de servicios públicos en Venezuela y para aliviar la situación económica en el país. No obstante, EE.UU. incluso ha llegado al extremo de confiscar activos,como fue el reciente caso de Citgo, la filial de la estatal petrolera venezolana en territorio norteamericano. La acción ha sido denunciada por Caracas como un “robo” por el que se emprenderán medidas legales.
Canciller de Nicaragua: “EEUU y países europeos pretenden destruir a Rusia”
Nicaragua condena el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y el rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU de iniciar una investigación sobre el caso, dijo en una entrevista exclusiva con Sputnik el canciller de la nación centroamericana, Denis Moncada, durante su visita a la capital rusa, informó el medio Sputnik. “Es condenable ese tipo de actos de terrorismo”, manifestó el ministro nicaragüense, al insistir en que se trata de “un terrorismo de Estado” para destruir unas infraestructuras “de utilidad no solo para la Federación de Rusia, sino para otros países, otros pueblos”. Al mismo tiempo, subrayó que “no es extraño el hecho de que la ONU no haya aprobado la formación de una comisión de investigación realmente independiente”, algo que vuelve a demostrar que “EEUU y países europeos utilizan los organismos de las Naciones Unidas” en función de sus “intereses”, pero “no para que haya justicia o que haya investigaciones objetivas, independientes y claras” que demuestren que “ellos mismos son los que han hecho esos actos de terrorismo”. De acuerdo con Moncada, de la misma manera se ha empleado a la Corte Penal Internacional para que emitiera un orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, sin que nunca se haya dedicado a investigar “las guerras, las agresiones, las destrucciones y las muertes” provocadas por EEUU. Rusia se defiende frente la OTAN Según Moncada, la operación militar especial rusa pretende “defender la existencia” y “garantizar la seguridad” del gigante euroasiático ante el rechazo del Occidente colectivo a la propuesta de Moscú de crear “un sistema de seguridad integral, sostenible y de respeto mutuo, donde nadie tenga más seguridad que otro”. “Ya conocemos esa historia de cómo se te acercan a la frontera para agredirte y destruirte”, apuntó el ministro al condenar la campaña mediática que busca “hacer creer” que EEUU y sus aliados de la OTAN “no son los agresores”. “EEUU y países europeos, que son súbditos en gran medida del Gobierno norteamericano, pretenden destruir a Rusia”, afirmó. Añadió que por la misma razón el Occidente colectivo acosa a países como Nicaragua, Venezuela o Cuba. “Al imperio no le gusta que los países sean libres, sino que sean dóciles súbditos cumpliendo sus mandados“, subrayó. La cooperación con Rusia “no es ningún peligro” Moncada aseveró que la cooperación de Nicaragua con Rusia “no es ningún peligro para la estabilidad, la seguridad y la paz en Centroamérica o en América Latina” ni tampoco en EEUU, en contra de lo que afirma Washington y la prensa hegemónica. “No somos un país agresor, somos un país amante de la paz. Fortalecemos todas nuestras instituciones policiales y militares en función de garantizar la vida cotidiana de los nicaragüenses. No somos ni seremos una amenaza a la paz y la seguridad. Nuestra relación con la Federación de Rusia en estos campos está encaminada precisamente en esa dirección”, enfatizó. La cooperación en la lucha contra el crimen organizado Moncada valoró altamente la formación por especialistas rusos de agentes en Nicaragua para “la lucha contra el crimen organizado”, sobre todo contra las “organizaciones narcotraficantes que transitan por la región centroamericana”. “Se trata de contribuir a la capacidad de las instituciones policiales de Nicaragua y otros países de América Central para mantener la seguridad ciudadana”, indicó el ministro, al resaltar que el gran causante del problema del narcotráfico en la región es EEUU, uno de los “principales consumidores de droga”. El acuerdo con Rusia en materia nuclear La visita a Rusia de la comitiva nicaragüense encabezada por el canciller Moncada implicó la firma de una docena de acuerdos bilaterales, entre ellos el que se rubricó con la empresa estatal rusa Rosatom sobre el uso no energético de tecnologías nucleares pacíficas. En declaraciones a Sputnik, el ministro precisó que la cooperación en esta materia “está encaminada esencialmente a dos campos: la agricultura y la medicina”, tratándose de “un uso exclusivamente pacífico y realmente altamente beneficioso” para el pueblo de Nicaragua. El acuerdo permitirá tratar enfermedades como cáncer en un hospital que se instalará en el país centroamericano, al tiempo que contribuirá a su “seguridad alimentaria”, adelantó el canciller. El funcionamiento del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov en Nicaragua Moncada también resaltó el funcionamiento del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, una planta de vacunas instalada en Nicaragua con tecnología rusa. Comunicó que “va adquiriendo cada vez más capacidades”, tanto para la producción de vacunas “para los nicaragüenses”, como también para exportar sus productos al resto de Centroamérica y toda América Latina. El comercio en monedas nacionales El canciller de Nicaragua se mostró partidario del uso de monedas nacionales y otras que no sean el dólar en el comercio bilateral e internacional, algo que se ha convertido en una tendencia mundial. “Ahora se produce un nacimiento de un nuevo orden internacional y ello implica un cambio sustancial en diferentes ámbitos, entre ellos el económico, el financiero y el intercambio comercial con monedas locales y ya no con el dominio del dólar como moneda internacional. Todos esos elementos van surgiendo, se van dando y haciendo nacer ese nuevo orden internacional”, señaló el ministro. “Nosotros en Nicaragua estamos en disposición también de unirnos y estar en sintonía con esa transformación para hacer del mundo algo más justo, más equitativo y más vivible para la población”, subrayó Moncada.
Nuevas sanciones estadounidenses están diseñadas para golpear a los ciudadanos más pobres de Nicaragua
La administración Biden ha anunciado nuevas sanciones que pretenden golpear a los nicaragüenses más pobres, tanto en sus bolsillos como en los servicios públicos de los que dependen. Este último ataque a un pequeño país centroamericano está, como se acostumbra, disfrazado de promoción de la democracia diciendo que las sanciones “negarán al régimen de Ortega-Murillo los recursos que necesita para continuar socavando las instituciones democráticas en Nicaragua”. Las exportaciones de oro proporcionan ingresos fiscales que financian los gastos sociales masivos de Nicaragua, incluido este hospital en Bilwi, Puerto Cabezas, que atenderá a los pueblos del Triángulo Minero. Pero todo mundo sabe el objetivo real son los nicaragüenses comunes que votaron abrumadoramente en las elecciones del año pasado para que el gobierno sandinista se mantuviera en el poder. Cualquiera que escuche o vea la noticia de NPR (Radio Emisora Pública Nacional) sobre las sanciones habrá escuchado que están dirigidas a la “industria del oro de Nicaragua”, con un mensaje implícito de que esto golpea el cofre del tesoro personal del presidente Daniel Ortega. La realidad es muy diferente. La minería de oro en Nicaragua por lo general se realiza de manera menos dañina al medio ambiente comparado con la mayoría de los demás países, es una gran industria de exportación que emplea a miles de personas en una de las regiones más pobres del país. También genera importantes ingresos fiscales para el gobierno, lo que permite financiar sus numerosos programas sociales. Las sanciones afectan no sólo al negocio de la minería aurífera sino a todas las personas involucradas en su gestión. El objetivo obvio es ahuyentar a los inversionistas, administradores y técnicos de la industria. El mensaje explícito es: pongan su dinero en Nicaragua y pierdan los activos que tienen en bancos estadounidenses. ¿Fue casualidad que las sanciones se anunciarán el mismo día que el gobierno sandinista presentó su presupuesto anual para 2023? El presupuesto es 14% superior al de este año, con más de la mitad de los gastos destinados a la inversión social. Incluye la construcción de no menos de nueve nuevos hospitales públicos, 4.300 hogares más al stock de viviendas sociales [asequibles], llevando electricidad a 35.000 hogares adicionales y mejoras masivas en los servicios de agua y saneamiento. Gran parte de la nueva inversión está dirigida a las regiones caribeñas del país de escasos recursos, que ahora están debidamente conectadas con los principales centros de población de la costa del Pacífico mediante carreteras recientemente terminadas y el enorme nuevo puente sobre el río Wawa. Estas regiones son una prioridad, en parte, porque fueron gravemente dañadas por los huracanes recientes. Los cuidadosos planes del gobierno para proteger a las personas y reconstruir los asentamientos afectados, contribuyeron a que Daniel Ortega obtuviera el nivel más alto de apoyo, comparado con cualquier otra región del país durante las elecciones del año pasado. ¿Será otra coincidencia que estas zonas donde la extracción de oro es una importante fuente de empleo, se hayan convertido en el objetivo específico de las sanciones de Estados Unidos? El segmento de NPR repite el señalamiento de la era Trump de que Nicaragua es “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esta ridícula afirmación, relanzada para justificar las recientes acciones de Biden, no tiene base en la realidad. Nicaragua es uno de los países más pequeños y pobres de América Latina, con una población de menos de siete millones, uno de los niveles más bajos de gasto en defensa del mundo y un producto nacional bruto equivalente a una ciudad estadounidense de tamaño medio. Incluso, la idea de que es una amenaza a la seguridad de sus vecinos es absurda, y mucho menos a la de Estados Unidos. El comunicado de prensa del Departamento de Estado revela otro motivo de las sanciones: la alianza de Nicaragua con Rusia. Detrás de esto está el temor de Washington de que los países latinoamericanos, y no solo aquellos con gobiernos de izquierda, estén estrechando lazos tanto con Moscú como con Beijing. Un segundo mensaje es: haz alianzas con nuestros enemigos y serás castigado. Dentro de esto hay un tercer mensaje implícito: puedes pensar que eres un estado soberano, pero, de acuerdo con el «orden internacional basado en normativas» donde Estados Unidos decide las reglas, debes hacer lo que decimos. Mientras escribo esto, llegan noticias sobre otro ejemplo de injerencia estadounidense en los asuntos de otro país, esta vez en la vecina Honduras. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, trata de asegurar los intereses de las empresas estadounidenses involucradas en los proyectos inconstitucionales conocidos como “ZEDES” o ciudades modelo creadas por el anterior gobierno corrupto, reemplazado en enero pasado por la presidenta progresista Xiomara Castro. El Canciller de la presidenta Castro formalmente citó a Dogu para que explique por qué intenta socavar las medidas del gobierno por restablecer el estado de derecho en las zonas donde se instalaron las ZEDES y por qué se opone a otras acciones de la presidenta Castro para esclarecer la corrupción del gobierno anterior. Como exembajadora en Nicaragua, Dogu estuvo involucrada en similar injerencia en este país. En otro ejemplo reciente, The Intercept acaba de revelar que, en un informe al Congreso de Estados Unidos, la administración Biden sigue respaldando las afirmaciones de fraude electoral en las elecciones de Bolivia de 2019, que en ese momento abrió la puerta para un Golpe de Estado fraguado por fuerzas de derecha. cuyo gobierno duró hasta casi fines de 2020. Da la casualidad de que los gobiernos de izquierda tanto en Honduras como en Bolivia están actualmente bajo la amenaza de la derecha. En Bolivia, la oposición ha organizado una huelga general en la rica región de Santa Cruz. En Honduras, los políticos de la oposición están orientando a sus seguidores que tengan listas sus «camisas blancas», un símbolo de apoyo al caído en desgracia expresidente Hernández y el clan corrupto que lo rodeaba. Este precisamente es el momento en que Washington debería estar apoyando a los gobiernos electos, con los que puede tener desacuerdos, pero sin socavarlos. ¿O es a esto que el Departamento de Estado se refiere cuando “promueve la democracia?” Estas acciones forman parte de un fracaso más amplio de Biden para enfrentarse al renovado surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina. El reciente ejemplo más notable
¿McFields es un infiltrado sandinista en grupos al servicio de EEUU?
Por: La Primerísima El exdiplomático Arturo McFields ofreció colaborar con las autoridades de Nicaragua para presuntamente recabar información de todo lo relacionado con las actividades de desestabilización financiadas por el Gobierno de Estados Unidos, a cambio de un perdón por fraudes al Estado, relevó este jueves la página de Facebook «Destapes Nicas». De acuerdo con la información, McFields es investigado por la Contraloría General de la República por supuestos actos de corrupción. Según dice «Destapes Nicas», en 2021 el ente fiscalizador informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que se encontraron supuestas anomalías en la ejecución de recursos estatales en la sede diplomática de Nicaragua en Washington, básicamente en fondos asignados a gastos de representación y otros administrados por el ex funcionario. De acuerdo a los datos preliminares dados a conocer por ese sitio digital, cerca de 98,500 dólares, podrían haber sido gastados sin soportes en rubros que no estaban contemplados en los protocolos administrativos, principalmente a través de una tarjeta de crédito acreditada por el Estado de Nicaragua a McFields. Agrega que entre los hallazgos encontrados por la Contraloría, y no aclarados por el McFields, se encuentran compra de ropa de lujo, cosméticos, licores finos, electrónicos, alimentos en restaurantes y bares, apuestas en línea y suscripciones en línea de sitios de pornografía y entretenimiento de adultos. “Destape Nica” dice que indagaciones iniciaron en mayo del 2021 y le fueron notificadas al ex diplomático desde agosto de ese mismo año, con el objetivo de desvanecer los hallazgos y evitar enfrentar resoluciones responsabilidades civiles o penales. Esta es la nota publicada por «Destapes Nicas» Contraloría investiga presunta corrupción de Arturo McFields El exfuncionario público de Nicaragua, Arturo McFields Yescas, está bajo investigación por actos de corrupción por la Contraloría General de la República de Nicaragua, informaron fuentes diplomáticas a Destapes Nicas. De acuerdo con la información, una revisión de rutina del ente fiscalizador al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2021, encontró anomalías en la ejecución de recursos estatales en la sede diplomática de Nicaragua en Washington, básicamente en fondos asignados a gastos de representación y otros administrados por el ex funcionario sandinista. De acuerdo a los datos preliminares, cerca de 98,500 dólares fueron gastados sin soportes en rubros que no estaban contemplados en los protocolos administrativos, principalmente a través de una tarjeta de crédito acreditada por el Estado de Nicaragua a McFields. Entre los hallazgos encontrados por la Contraloría, y no aclarados por el ex embajador, se encuentran compra de ropa de lujo, cosméticos, licores finos, electrónicos, alimentos en restaurantes y bares, apuestas en línea y suscripciones en línea de sitios de pornografía y entretenimiento de adultos. Las indagaciones iniciaron en mayo del 2021 y le fueron notificadas a McFields desde agosto del 2021 con el propósito de desvanecer los hallazgos y evitar ser las resoluciones responsabilidades civiles o penales. McFields ofrece “colaboración especial” Sin embargo, el trabajador público, según las fuentes, fue postergando su respuesta y a cambio ofreció colaborar de otro modo con las autoridades de Nicaragua: infiltrándose en los grupos de oposición para recabar información de inteligencia. Fue periodista en radio Maranahta, en el diario La Prensa y en Canal 12 de televisión antes de ser diplomático. En estos medios McFields reveló algunas características de su personalidad: ambición por destacar en los espacios principales como portadas y noticias principales; gustos exigentes por la ropa de moda y atracción hacia programas de entretenimiento, con alguna tendencias adictivas. Aunque se desconoce la respuesta estatal, McFields sorprendió con su renuncia pública en marzo de este 2022 y desde entonces participa en foros y medios de grupos de oposición política, como analista y escritor de opiniones. Poco después de su renuncia, la cancillería del gobierno de Nicaragua emitió un comunicado desconociendo a McFields como embajador de Nicaragua ante la OEA. McFields Yescas fue nombrado embajador de Nicaragua ante la OEA el 27 de octubre de 2021, en sustitución de Luis Alvarado, según el acuerdo presidencial 183-2021 publicado en la Gaceta Oficial 189. El 5 de noviembre, durante la ceremonia de presentación de credenciales ante el secretario general, Luis Almagro, McFields manifestó sentirse muy honrado de representar “a la Patria de Sandino, Benjamín Zeledón y de nuestro Poeta Universal Rubén Darío”, destacó el periódico 19 Digital en ese momento. Periodista de profesión graduado en la Universidad Centroamericana de Managua (UCA), McFields llegó al servicio diplomático nicaragüense en 2011, cuando se le nombró como agregado de prensa de la embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Luego fue designado como ministro consejero en la OEA y finalmente como representante permanente con rango de embajador.
Corrupción, una herramienta más del imperio
Stephen Sefton, 12 de septiembre 2022 Desde hace muchos años los gobiernos norteamericanos y europeos han manipulado y devaluado de una manera extremadamente cínica el tema de los derechos humanos para desvirtuar y desprestigiar los gobiernos que resisten su voluntad. De manera parecida han usado el tema de la corrupción como otra herramienta con que atacar a los gobiernos, movimientos y dirigentes que promueven políticas que desafían el poder, control e influencia del Occidente. En América Latina, después del rechazo regional del golpe militar de 2009 en Honduras, Estados Unidos y sus aliados han explotado de la manera más deliberada los temas de derechos humanos y la corrupción como ejes de desestabilización. Los han sumado como variantes a otros viejos y desgastados ejes de manipulación, la democracia y el libre mercado, desplegados desde los años de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Históricamente, en América Latina, Estados Unidos y sus aliados han apoyado regímenes nítidamente criminales, desde los Somoza en Nicaragua, a los Duvalier en Haiti, a Pinochet en Chile, entre muchos otros. Luego, después del fin de la Guerra Fría al inicio los años 90s, ya no fue conveniente para Estados Unidos y sus aliados apoyar a regímenes de tipo anti-comunista. Además creyeron que su control regional iba a impedir la emergencia por la vía electoral de gobiernos progresistas, mucho menos revolucionarios. Sin embargo, el Comandante Hugo Chávez tomó el poder en 1998 en Venezuela, Jean Bertrand Arisitide en Haiti en 2001, Nestor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil en 2003, nuestro Comandante Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras y Evo Morales en Bolivia junto con Rafael Correa en Ecuador en 2006, y Fernando Lugo en Paraguay en 2008. Las victorias electorales de estas fuerzas políticas progresistas y revolucionarias, fue un tremendo desafío para el imperio, lo cual al inicio Estados Unidos enfrentó de su manera acostumbrada con golpes de estado en Haiti en 2004, en Honduras en 2009 e intentos fallidos de golpe en 2002 en Venezuela, en 2008 en Bolivia y en 2010 en Ecuador. Este es el contexto en que Estados Unidos desarrollaba con sus aliados locales los llamados “golpes suaves” con los cuales lograron desplazar al Presidente Lugo en Paraguay en 2012 y Presidente Rousseff en 2016 en Brasil. Así que, sin la aplicación de su tradicional agresión militar o las ilegales medidas unilaterales coercitivas, a menudo llamadas “sanciones”, Estados Unidos logró instalar en Brasil y Paraguay regímenes más propicios a sus intereses regionales. También lee: En relación al tema de la corrupción, en América Latina y el Caribe han habido diversas variantes que se desplieguen para explotarla en contra de los pueblos de la región. Por un lado se ocupa para controlar a figuras derechistas asociadas directa o indirectamente con redes de actividad ilícito o abiertamente criminal, por ejemplo Otto Perez Molina en Guatemala o Juan Orlando Hernández en Honduras o, en Colombia, Álvaro Uribe Velez e Ivan Duque. Este variante se aplica en los casos en que un gobernante de ideología aceptable a Estados Unidos asume el poder pero requiere una medida de presión para garantizar su obediencia. De esta manera mantienen una relación de chantaje contra las personas indicadas y así ejercen un control directo sobre las políticas gubernamentales y económicas. Otro variante del abuso y manipulación del tema de la corrupción se observa en operación en Perú y en menor grado en Ecuador. En Perú, el país ha estado en un constante estado de zozobra política durante muchos años por motivo de repetidas casos de políticamente motivadas acusaciones de corrupción contra sus presidentes. Esta situación lo ha hecho imposible para el Presidente Pedro Castillo desarrollar su programa de gobierno a favor de la mayoría empobrecida del país frente a un poder legislativa dominado por la derecha y medios de comunicación alineados con la derecha también. Esta es otra manera de asegurar que el país afectado no puede desarrollar una fuerza progresista electoral capaz de implementar de manera coherente un plan nacional de desarrollo humano. Pero quizás el variante más notorio del abuso del tema de la corrupción de parte de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos es el variante que ataca a los dirigentes de los movimientos políticos progresistas. Su objetivo es de sabotear el desarrollo de las posibilidades electorales de estos movimientos por medio de falsas acusaciones amplificados por los medios dominantes locales para provocar rechazo y odio entre los votantes. Los casos más conocidos de este abuso del tema de la corrupción son los de Lula da Silva en Brasil, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador. En efecto, se trata de una campaña de abuso del sistema jurídico, el llamado “lawfare” o guerra por medio del abuso del sistema de derecho, con la intención de destruir las opciones electorales progresistas las cuales, sin la intervención amañada del poder judicial, llegarían al gobierno. El ataque judicial contra Lula da Silva es en efecto la plantilla de esta distorsión ingeniado por las autoridades estadounidenses del tema de la corrupción. Formaba parte del llamado Operación Lava Jato dirigido inicialmente por el magistrado Sergio Moro. Sergio Moro había sido entrenado en Estados Unidos en cursos del Departamento de Justicia de ese país. En 2020 se presentaron pruebas que Moro y otros oficiales de la investigación habían colaborado de manera secreta e ilegal con las autoridades estadounidenses. De la misma manera que no hubieron pruebas fehacientes contra Lula da Silva, la actual Vice Presidente de Argentina ha sido perseguida durante varios años con espurios cargos de lavado de dinero basados en suposiciones falsos y argumentos desleales de los fiscales argentinos. En todos estos casos se trata del abuso del sistema judicial para montar agresivas campañas políticas por la vía del derecho. El caso contra Cristina Fernández de Kirchner fue iniciado por las autoridades de la corrupta administración anterior del Presidente Mauricio Macri. Sin duda, saldrá a la luz más adelante que los fiscales del caso han sido aconsejado por las autoridades estadounidenses, igual que las campañas judiciales contra Dilma Rousseff y Lula da Silva, que se desarrollaban estrechamente no solamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos
Terrorismo, represión y Julian Assange, el doble rasero imperial
Por Stephen Sfton Entre los muchos diversos motivos de la emergencia del mundo multipolar que está ocurriendo en este momento histórico, es la demanda de parte del mundo mayoritario por la justicia y la equidad en las relaciones internacionales y sus instituciones. El reciente fallecimiento del único Presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, nos recuerda de una época en que hubo un efectivo equilibrio a nivel global entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue un equilibrio que hizo posible muchos avances de los pueblos del mundo, incluyendo la victoria del pueblo de Vietnam hasta la acción solidaria de Cuba con las fuerzas de liberación en África, lo cual acabó con el apartheid en Sudáfrica. El poder de la Unión Soviética también permitió a países como Nicaragua, Angola y Mozambique resistir las terribles guerras impuestas contra sus pueblos por Estados Unidos y sus aliados e implementadas en base al uso sistemático del terrorismo. Sin embargo, como observó el premio Nobel de la Literatura Harold Pinter en 2005: “Cientos de miles de muertos ocurrieron en estos países. ¿Ocurrieron de verdad? ¿Y en cada caso son resultado de la política exterior de Estados Unidos? La respuesta es sí y sí, resultaron por motivo de la política exterior de Estados Unidos. Pero nunca lo podría saber. Es como si nada pasó. Nada jamás pasó. Aun mientras estaba ocurriendo, no ocurría. Ni importaba. No fue del menor interés” Pinter está refiriendo tanto a la impunidad de los poderes imperiales por sus crímenes como al control monopólico de la información a nivel mundial por los Estados Unidos y sus aliados de aquel entonces. En este último sentido, por supuesto exagera, pero no por mucho. De su parte Nicaragua tiene el orgullo de haber demostrado ante la Corte Internacional de la Justicia en 1986 que Estados Unidos fue culpable del terrorismo sistemático en contra del pueblo nicaragüense con un costo enorme tanto en vidas humanas como en daños materiales. En un sentido moral fue una victoria sin precedentes en que un pequeño país del mundo mayoritario venció ante el máximo tribunal internacional al país más poderoso del mundo. Y en términos prácticos, es probable que el proceso legal en La Haya alentó al Congreso estadounidense en 1985 de prohibir la ayuda de parte del gobierno estadounidense a la Contra en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos buscó como seguir de manera ilegal su campaña de terrorismo contra Nicaragua por medio del estrategema Iran-Contra. Vendió armas a Irán de manera ilegal y secreta y, con los fondos obtenidos, compró armas para la Contra en Nicaragua. De manera paralela, la misma estructura de operaciones encubiertas efectuó operaciones de narcotráfico y con la venta de la droga en Estados Unidos, también financiaba la guerra de terror del gobierno de Ronald Reagan contra Nicaragua. A pesar del escándalo Irán Contra en Estados Unidos, no habían consecuencias mayores. Un oficial de menor rango Coronel Oliver North fue condenado a unos pocos meses de servicio comunitario. El Secretario de Defensa Caspar Weinberger fue acusado pero antes del juicio recibió un indulto de parte del Presidente George Bush en 1992. Allí se acabó. Años después, al fin de la década de los años 90s, reporteros valiosos como Gary Webb y Robert Parry investigaban estos hechos y lograron publicar mucho de la verdad encubierta. Pero, como comentó Harold Pinter fue como si no ocurrió nada, que nada pasó, que no importaba. No fue del menor interés. Al contrario, Gary Webb fue perseguido de una manera tan despiadada e implacable que ningún medio quiso darle empleo. Sufrió un vil campaña de calumnia de parte de los grandes medios de prensa, su familia fue destruida, cayó en extrema pobreza y se suicidó. ¿Por qué recordar todo esto después de tanto tiempo? Es importante recordar esta historia porque demuestra que el terrorismo, la supresión de la verdad y la represión contra quienes publican la verdad son características fundamentales y permanentes de las políticas de Estados Unidos y sus aliados. Los países de Norte América y Europa insisten que son moralmente superiores a lo demás del mundo y que sus buenas intenciones y acciones benefician y apoyan al mundo mayoritario. Suena absurdo y lo es, así como Harold Pinter observó en 2005 y como las poblaciones del mundo mayoritario pueden observar y vivir cada día de sus vidas. Sin embargo con el tremendo poder de sus monopolios corporativos, las élites occidentales todavía mantienen en gran parte del mundo un dominio de las estructuras comerciales, de la tecnología de información y entretenimiento y de la comunicación. Es de esa manera que se encubrió el terrorismo del gobierno de Ucrania contra su propia población rusoparlante en Donetsk y Lugansk durante ocho años con un saldo de 14000 personas muertas, la gran mayoría civiles. Así escondieron que Estados Unidos y sus aliados europeos armaban, entrenaban y financiaban a las autoridades ucranianas a matar su propia población a sabiendas que las fuerzas políticas dominantes en el gobierno de Ucrania eran y son de ideología nazi. En cambio, fue precisamente con el falso pretexto de que los gobiernos de Libia y Siria eran masacrando a sus propias poblaciones que Estados Unidos y sus aliados europeos atacaron a esos países. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ocupaban un falso pretexto similar para bombardear a Serbia por casi tres meses en 1999 con un saldo de miles de muertos entre los civiles serbios. Así que el terrorismo promovido por Occidente va de la mano con un brutalmente represiva control del aparato de guerra psicológica, lo cual permite pervertir no solamente los medios de comunicación, sino también la investigación académica. los reportes de organizaciones no gubernamentales y las funciones de instituciones institucionales. Ese siniestro control casi absoluta de la producción y distribución de la información facilita la constante difusión masiva de creencias falsas las cuales en su turno facilitan la construcción de memorias falsas. Es un proceso de retroalimentación infinita de guerra psicológica que afecta principalmente a las poblaciones
A todo gas hacia el abismo
Por: Fabrizio Casari La decisión de la Unión Europea de limitar el coste del gas y el petróleo (price cap, lo llaman) ya ha tenido una primera y clara respuesta por parte de Rusia, que ha quemado millones y millones de metros cúbicos de gas metano, indicando que prefiere quemarlo antes que venderlo según las condiciones de Bruselas. Además, la decisión de intentar imponer un tope de precios a toda la UE, extendiéndolo a los países del G7, no tiene nada que ver con el mercado mundial de hidrocarburos: es una decisión política destinada a reducir los ingresos de Moscú, nada más. En sí misma, la decisión rompe con el tabú de que los mercados se autorregulan, ya que a las materias primas se les puede asignar un precio político, pero que un puñado de aficionados en la oscuridad como los gobernantes europeos puedan dictar la línea energética al mundo es algo divertido en sí mismo. Ni siquiera han considerado la reacción negativa que supondrá para la Opec una decisión que afectaría inevitablemente al mercado del petróleo: para sostener el precio del crudo podrían decidir recortar la producción y se desencadenaría otra peligrosa espiral de crisis energética. Lo que menos se entiende es porque que India, China, Sudáfrica, Brasil o México deberìan aceptar otra histeria occidental contra Rusia. Nueva Dheli, que está experimentando un poderoso crecimiento, necesita los hidrocarburos rusos, que compra en grandes cantidades y a bajo precio con yenes y rublos. ¿Qué interés tendría en romper el vínculo con Moscú? ¿Para mantener contenta a la Sra. Von der Leyen? Pero, sobre todo, uno se pregunta: si la decisión era sólo política, y suponiendo que fuera útil, ¿cómo es que no imponemos un precio al petróleo saudí que lleva años masacrando Yemen? En definitiva, es difícil que la disidencia por motivos políticos y metodológicos que Occidente tenía en febrero haya cambiado ahora, dada también la evidente esterilidad de las sanciones y la responsabilidad penal de Zelensky. La UE también se atreve a culpar a Rusia de las restricciones en el suministro de gas a Europa, pero esto es en respuesta a las sanciones europeas. La prohibición de exportar componentes tecnológicos a Rusia, necesarios para el mantenimiento de los gasoductos y las plantas de extracción de gas, socava de hecho la capacidad de producción de Rusia, reduciendo así los ingresos por la venta de gas. No se podía esperar de meno por Rusia, que no está acostumbrada a recibir bofetadas de balde. Veremos si la UE consigue o no tomar una decisión, pero hay preocupación en los mercados. En primer lugar, porque todo el mundo es consciente de que se trata de una mera declaración política para demostrar que la UE existe, pero que es poco probable que se materialice dada la falta de unanimidad interna. Entonces porque todo el mundo sabe que la UE comprará el gas al precio y con la moneda con la que lo venderá, ya que cuando lo que se vende es un bien primario que todo el mundo necesita, el precio lo hacen los que venden y no los que compran. ¿Quien gana? En la apoteosis de la dependencia, el antiguo imperio de las colonias, ahora colonia ella misma, obviamente exime al gas de esquisto estadounidense, que se vende a la UE a un precio 55 veces superior al que valía antes de que se sancionara el gas ruso (interesante, no?). Y quizás buena parte de la respuesta a la continuación de esta guerra se encuentre aquí mismo. Estados Unidos es el primer exportador mundial de gas licuado, que lleva varios años intentando (con poco éxito) vender a cualquiera. Su gas de esquisto se produce mediante fracking, una técnica de trituración de rocas. El gas de esquisto es peligroso, ineficaz, caro, y muy perjudicial para el medio ambiente, es un insulto a las resoluciones de las Conferencias Internacionales sobre el Clima de Kioto y París, que, aun en su hipocresía, habían señalado el camino para la reducción progresiva de los gases fósiles y de efecto invernadero. La estrategia de Estados Unidos es tan banal como eficaz, porque se apoya en la total aquiescencia de los gobiernos europeo, canadiense, australiano, japonés y surcoreano. Con la imposición de sanciones, el comercio entre Rusia y Europa se reduce. Como resultado de esta contracción, los volúmenes se reducen y esto en sí mismo, en ausencia de una reducción igual de la demanda, genera una mayor demanda. Esta mayor generación de demanda coincide con un aumento de los precios. Que el mercado se autorregula ha sido históricamente un bulo. Tanto más cuanto que el turbo-liberalismo, corriente mayoritaria del capitalismo sin capital, ha decidido asignar el crecimiento del valor a la especulación financiera y no al crecimiento económico. Los Estados, que sufren de buen grado las oleadas especulativas de las corporaciones que los dirigen, no tienen más remedio que descargar la carga de éstas hacia abajo, es decir, hacia los consumidores. Prueba de ello es que en 2008 el petróleo costaba 145 dólares el barril y la gasolina 1,3 euros el litro. Hoy cuesta 110 dólares el barril, 35 menos, pero la gasolina cuesta 2,3. La subida vertiginosa del coste del gas y el petróleo se debe a las dificultades de la red de distribución tras la pandemia. Las grandes empresas vieron la extraordinaria oportunidad de obtener beneficios adicionales y el gran capital euro-estadounidense aprovechó la ocasión para acelerar el reinicio de los mercados. Un reajuste que había sido anunciado por Draghi, primer ministro de Italia en ese momento, hablando sobre todo como ex presidente del BCE, cuando advirtió que el apoyo a las empresas para resistir la crisis pandémica no iría a todas las empresas, sino sólo a las que se consideraran útiles para la producción. En definitiva, una purga sobre las empresas que no formaban parte de la estrategia de mayor deslocalización hacia el Sur (África en primer lugar) del sistema productivo y mayor peso de las finanzas en el establecimiento de las condiciones de la economía
7 años de prisión para Capellán que abusó sexualmente de presas
El sacerdote Highhouse les decía a las mujeres de las que abusó en la prisión del Área de la Bahía que todos en la Biblia tenían relaciones sexuales y que Dios quería que estuvieran juntos. James Theodore Highhouse llega a su audiencia de sentencia en el Tribunal de Distrito en Oakland, California, el miércoles 31 de agosto de 2022. La Institución Correccional Federal se muestra en Dublin (al fondo) en una foto del 20 de julio de 2006. En la oficina de la capilla de una prisión federal para mujeres del Área de la Bahía, un capellán obligó a las reclusas que buscaban su guía espiritual a tener relaciones sexuales con él, explotando su fe y su impotencia tras las rejas para su propia gratificación, dijeron los fiscales. James Theodore Highhouse fue sentenciado el miércoles a siete años de prisión, más del doble del castigo recomendado en las pautas federales de sentencia. El juez federal de distrito Haywood S. Gilliam Jr. dijo que las pautas, que exigen una sentencia de menos de tres años, “subestiman gravemente la gravedad” de la conducta de Highhouse. “Es difícil encontrar las palabras correctas para describir cuán atroz fue este abuso de estas víctimas”, dijo Gilliam. La historia de abusos en la prisión de Dublin Highhouse es uno de los cinco trabajadores acusados en los últimos 14 meses de abusar sexualmente de reclusos en la Institución Correccional Federal en Dublin, California, y el primero en llegar a la fase de sentencia de su caso. Highhouse, vestido con una camiseta y pantalones de mezclilla, habló brevemente en una corte federal en Oakland y se disculpó con las mujeres a las que dañó. Gilliam le ordenó comenzar su sentencia de prisión el 2 de noviembre, lo que le permitió permanecer en libertad bajo fianza hasta entonces. Highhouse debe registrarse como delincuente sexual una vez que salga de prisión, dijo Gilliam. Usa la Biblia para justificar su fornicación Highhouse, quien fue arrestado en enero y se declaró culpable en febrero, les decía a las mujeres de las que abusó en la prisión del Área de la Bahía, que todos en la Biblia tenían relaciones sexuales y que Dios quería que estuvieran juntos, dijeron los fiscales. Un veterano del ejército, presionó a una reclusa para que tuviera relaciones sexuales el Día de los Veteranos diciéndole que necesitaba servir a su país y el Día de Acción de Gracias diciéndole que necesitaba mostrar su gratitud por él, dijeron los fiscales. Si bien Highhouse, de 49 años, fue acusado sólo de abusar de una reclusa y mentir a las autoridades, los fiscales dicen que tuvo una conducta depredadora con al menos seis mujeres entre 2014 y 2019. Arruina la vida y la fe de una víctima Entre las víctimas está una mujer a la que asesoró en un hospital de veteranos donde trabajó antes de unirse a la Oficina federal. Prisiones, donde las denuncias se ignoraban rutinariamente. “Highhouse arruinó mi vida, realmente lo hizo”, dijo una reclusa en una declaración de impacto de la víctima. “Ya ni siquiera voy a la iglesia por su culpa. No confío en la Iglesia y realmente, no confío en nadie por lo que hizo”. El sacerdote es parte de una cultura de abuso en la prisión Highhouse, habilitado por una cultura tóxica de abuso y encubrimientos en la prisión, advirtió a las víctimas que no lo denuncian y le dijo a uno de ellos que “nadie te creerá porque eres un recluso y yo soy capellán”, escribieron los fiscales en un memorando de sentencia. Al mismo tiempo, escribieron los fiscales, un consejero de la prisión se quejaba de que los reclusos “delataban” a los empleados, sugiriendo que, en cambio, “se lo contaran a Trump”, refiriéndose al entonces presidente Donald Trump. Le imponen una dura sentencia a Highhouse Los fiscales habían pedido una sentencia de 10 años de prisión. Sus abogados pidieron dos años, el límite inferior de las pautas federales, que exigían una sentencia de 24 a 30 meses. La sentencia de siete años de Gilliam coincidió con la recomendación de los oficiales de libertad condicional que realizaron la investigación previa a la sentencia de Highhouse. “Dentro de nuestro sistema penitenciario, se supone que los capellanes brindan esperanza y guía espiritual”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado. “En cambio, este capellán abusó de su autoridad y traicionó la confianza del público”. Sacerdote que abusó sexualmente, estuvo en Irak y Afganistán En su memorando de sentencia, los abogados de Highhouse señalaron que se desempeñó como capellán del ejército en Irak y Afganistán, busca tratamiento para el trastorno de estrés postraumático y cuida a su anciana madre después de la muerte de su padre este año. Además, se indicó que no tiene antecedentes penales previos. Toda actividad sexual entre un trabajador de la prisión y un recluso es ilegal. Los empleados correccionales disfrutan de un poder sustancial sobre los reclusos, controlando todos los aspectos de sus vidas desde la hora de comer hasta apagar las luces, y no existe ningún escenario en el que un recluso pueda dar su consentimiento. Corrupción en toda la cadena de mando de la prisión A principios de este año, una investigación reveló años de conducta sexual inapropiada en FCI Dublin, incluidas denuncias contra el ex director de la prisión. Associated Press detalló las medidas que se tomaron para mantener en secreto los abusos, entre las cuales estaban ignorar las denuncias, tomar represalias contra los denunciantes y enviar a los presos a confinamiento solitario u otras prisiones por denunciar abusos. Un grupo de trabajo de altos funcionarios de prisiones federales descendió a Dublín, se reunió con el personal y los reclusos y se comprometió a solucionar los problemas y cambiar la cultura. El miércoles, la directora de la Oficina de Prisiones, Colette Peters, visitó Dublín para actualizarse. El proceso contra otros implicados Los otros cuatro empleados de Dublín acusados se encuentran en varias etapas de sus casos.El ex alcaide, Ray J. García, fue procesado el miércoles por una acusación formal que
