La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la iniciativa de Ley de Protección de los Nicaragüenses frente a sanciones y agresiones externas.
Esta ley establece un marco normativo destinado a proteger a los nicaragüenses y sus instituciones de sanciones y agresiones externas impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos internacionales que amenacen la soberanía, la seguridad, los planes de desarrollo del país, o que perjudiquen las finanzas y el libre comercio tanto interior como exterior.
En caso de que se implementen sanciones contra instituciones, autoridades, funcionarios, empleados públicos, ciudadanos o empresas nicaragüenses, que afecten o pongan en riesgo sus finanzas y su libertad de comercio, el Estado de Nicaragua asumirá la responsabilidad de tomar las medidas jurídicas necesarias para defender su soberanía, independencia, seguridad y paz.
Nuevos lineamientos frente a las sanciones a Nicaragua:
- Nullidad de sanciones: Se declaran nulas y sin efecto jurídico todas las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos internacionales que violen el derecho internacional. Estas sanciones no tendrán validez ni aplicabilidad en el territorio nacional, sin importar su naturaleza o alcance.
- Prohibición de suspender servicios: Ninguna entidad o persona podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios, ya sean comerciales o financieros, a personas naturales, jurídicas, entidades privadas o instituciones del Estado bajo el pretexto de las sanciones.
- Excepciones para la defensa nacional: Las sanciones no serán aplicables a las adquisiciones necesarias para garantizar la integridad, seguridad y defensa del país.
Además, las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios, empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas que sean afectados por la aplicación arbitraria de sanciones podrán solicitar la restitución de los servicios prestados y el resarcimiento de los daños, conforme a lo establecido en la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Este marco legal refuerza la capacidad del Estado para proteger a la población y sus instituciones frente a agresiones externas, asegurando el respeto a la soberanía nacional.
