Stephen Sefton, 12 de septiembre 2022
Desde hace muchos años los gobiernos norteamericanos y europeos han manipulado y devaluado de una manera extremadamente cínica el tema de los derechos humanos para desvirtuar y desprestigiar los gobiernos que resisten su voluntad. De manera parecida han usado el tema de la corrupción como otra herramienta con que atacar a los gobiernos, movimientos y dirigentes que promueven políticas que desafían el poder, control e influencia del Occidente. En América Latina, después del rechazo regional del golpe militar de 2009 en Honduras, Estados Unidos y sus aliados han explotado de la manera más deliberada los temas de derechos humanos y la corrupción como ejes de desestabilización. Los han sumado como variantes a otros viejos y desgastados ejes de manipulación, la democracia y el libre mercado, desplegados desde los años de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Históricamente, en América Latina, Estados Unidos y sus aliados han apoyado regímenes nítidamente criminales, desde los Somoza en Nicaragua, a los Duvalier en Haiti, a Pinochet en Chile, entre muchos otros. Luego, después del fin de la Guerra Fría al inicio los años 90s, ya no fue conveniente para Estados Unidos y sus aliados apoyar a regímenes de tipo anti-comunista. Además creyeron que su control regional iba a impedir la emergencia por la vía electoral de gobiernos progresistas, mucho menos revolucionarios. Sin embargo, el Comandante Hugo Chávez tomó el poder en 1998 en Venezuela, Jean Bertrand Arisitide en Haiti en 2001, Nestor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil en 2003, nuestro Comandante Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras y Evo Morales en Bolivia junto con Rafael Correa en Ecuador en 2006, y Fernando Lugo en Paraguay en 2008.
Las victorias electorales de estas fuerzas políticas progresistas y revolucionarias, fue un tremendo desafío para el imperio, lo cual al inicio Estados Unidos enfrentó de su manera acostumbrada con golpes de estado en Haiti en 2004, en Honduras en 2009 e intentos fallidos de golpe en 2002 en Venezuela, en 2008 en Bolivia y en 2010 en Ecuador. Este es el contexto en que Estados Unidos desarrollaba con sus aliados locales los llamados “golpes suaves” con los cuales lograron desplazar al Presidente Lugo en Paraguay en 2012 y Presidente Rousseff en 2016 en Brasil. Así que, sin la aplicación de su tradicional agresión militar o las ilegales medidas unilaterales coercitivas, a menudo llamadas “sanciones”, Estados Unidos logró instalar en Brasil y Paraguay regímenes más propicios a sus intereses regionales.
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En relación al tema de la corrupción, en América Latina y el Caribe han habido diversas variantes que se desplieguen para explotarla en contra de los pueblos de la región. Por un lado se ocupa para controlar a figuras derechistas asociadas directa o indirectamente con redes de actividad ilícito o abiertamente criminal, por ejemplo Otto Perez Molina en Guatemala o Juan Orlando Hernández en Honduras o, en Colombia, Álvaro Uribe Velez e Ivan Duque. Este variante se aplica en los casos en que un gobernante de ideología aceptable a Estados Unidos asume el poder pero requiere una medida de presión para garantizar su obediencia. De esta manera mantienen una relación de chantaje contra las personas indicadas y así ejercen un control directo sobre las políticas gubernamentales y económicas.
Otro variante del abuso y manipulación del tema de la corrupción se observa en operación en Perú y en menor grado en Ecuador. En Perú, el país ha estado en un constante estado de zozobra política durante muchos años por motivo de repetidas casos de políticamente motivadas acusaciones de corrupción contra sus presidentes. Esta situación lo ha hecho imposible para el Presidente Pedro Castillo desarrollar su programa de gobierno a favor de la mayoría empobrecida del país frente a un poder legislativa dominado por la derecha y medios de comunicación alineados con la derecha también. Esta es otra manera de asegurar que el país afectado no puede desarrollar una fuerza progresista electoral capaz de implementar de manera coherente un plan nacional de desarrollo humano.
Pero quizás el variante más notorio del abuso del tema de la corrupción de parte de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos es el variante que ataca a los dirigentes de los movimientos políticos progresistas. Su objetivo es de sabotear el desarrollo de las posibilidades electorales de estos movimientos por medio de falsas acusaciones amplificados por los medios dominantes locales para provocar rechazo y odio entre los votantes. Los casos más conocidos de este abuso del tema de la corrupción son los de Lula da Silva en Brasil, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador. En efecto, se trata de una campaña de abuso del sistema jurídico, el llamado “lawfare” o guerra por medio del abuso del sistema de derecho, con la intención de destruir las opciones electorales progresistas las cuales, sin la intervención amañada del poder judicial, llegarían al gobierno.
El ataque judicial contra Lula da Silva es en efecto la plantilla de esta distorsión ingeniado por las autoridades estadounidenses del tema de la corrupción. Formaba parte del llamado Operación Lava Jato dirigido inicialmente por el magistrado Sergio Moro. Sergio Moro había sido entrenado en Estados Unidos en cursos del Departamento de Justicia de ese país. En 2020 se presentaron pruebas que Moro y otros oficiales de la investigación habían colaborado de manera secreta e ilegal con las autoridades estadounidenses. De la misma manera que no hubieron pruebas fehacientes contra Lula da Silva, la actual Vice Presidente de Argentina ha sido perseguida durante varios años con espurios cargos de lavado de dinero basados en suposiciones falsos y argumentos desleales de los fiscales argentinos.
En todos estos casos se trata del abuso del sistema judicial para montar agresivas campañas políticas por la vía del derecho. El caso contra Cristina Fernández de Kirchner fue iniciado por las autoridades de la corrupta administración anterior del Presidente Mauricio Macri. Sin duda, saldrá a la luz más adelante que los fiscales del caso han sido aconsejado por las autoridades estadounidenses, igual que las campañas judiciales contra Dilma Rousseff y Lula da Silva, que se desarrollaban estrechamente no solamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sino también con la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Así fue también en el notorio caso de la muerte sospechosa del fiscal argentino Alberto Nisman a cargo del caso AMIA. El reciente caso del avión venezolano secuestrado en Argentina, es otra prueba que, en Argentina, la ley estadounidense predomina sobre la jurisdicción nacional.
Un aspecto de tremenda ironía en relación a la manipulación del tema de la corrupción de parte de Estados Unidos y sus aliados es el hecho de que son ellos los países de los mayores niveles de corrupción en el mundo. Los escándalos de corrupción en el sector financiero del occidente son innumerables, con destacados bancos de renombre global desde Goldman Sachs a JP Morgan a HSBC pagando multas de miles de millones de dólares, aunque sus ejecutivos nunca van a la cárcel. En Europa, son muchos los destacados dirigentes políticos europeos que han sido involucrados en actos de corrupción desde Helmut Kohl de Alemania a Jacques Chirac de Francia y Silvio Berlusconi de Italia y Tony Blair del Reino Unido.
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Políticos como Felipe Gonzalez de España y Edith Cresson de Francia fueron implicados en un u otro escándalo de la petrolera francesa ELF, notoria herramienta neocolonial del imperialismo francesa. El destacado político italiano Bettino Craxi murió fugitivo de la justicia italiana que le había sentenciado a 27 años de prisión. Hay que recordar también los viejos escándalos de empresas corruptas como Elf o Parmalat en Europa o de Enron y Worldcom en Estados Unidos y, antes, de los enormes transacciones globales del ahora difunto Banco de Crédito y Comercio Internacional, implicado en el escándalo de Iran Contra. Sin embargo, nada de estos escándalos tiene comparación con las fantásticas sucesivas transferencias de riqueza a las élites financieras occidentales desde el colapso financiero de 2008 y 2009 y las políticas financieras subsiguientes las cuales cada vez más abiertamente consolidan el poder económico de las elites financieras occidentales en contra del bienestar de sus poblaciones nacionales.
En efecto en 2009 casi todo el sector financiero occidental estuvo en la bancarrota, pero en vez de la disolución ordenada de las empresas quebradas conforme con la mano invisible del capitalismo de mercado libre, los bancos centrales cabildearon con sus gobiernos y acordaron extenderles la mano y rescatarlas. El monto del rescate sumó a millones de millones de dólares. Más recientemente en Estados Unidos y en Europa, las autoridades han aprovechado la necesidad de medidas económicas como respuesta a la crisis económica provocada por las medidas contra el Covid-19. En Estados Unidos se aprobó un paquete de medidas con un valor de más de tres millones de millones de dólares, la mayor parte destinada a beneficiar a las elites financieras y comerciales.
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Todo esto es sin abarcar los múltiples abusos de la industria occidental de armamentos, otro sector lleno de prácticas corruptas, o las repetidas escándalos de tráfico de influencias y la puerta giratoria para altos funcionarios del sector público y ejecutivos de las grandes instituciones financieras y empresas comerciales y energéticas del sector privado. Al mismo tiempo, en Estados Unidos las poblaciones de ciudades desde Flint en Michigan a Jackson, Misisissipi no tienen agua potable. La población estadounidense carece de atención médica universal y gratis. Con un nivel de pobreza ahora de más de 16%, Estados Unidos es un país donde millones de niñas y niños en familias empobrecidas padecen de hambre y millones de personas viven en la calle. Las tendencias socio-económicas en los países de la Unión Europea van en esa misma dirección, con carencias crónicas en los servicios públicos y ralentización significativa en su actividad económica productiva.
En este contexto global y regional, el comportamiento de Nicaragua es lo de un país realmente ejemplar que ha logrado una democratización económica y una estabilidad social modelo en la región. Lo reconocen todas las instituciones financieras relevantes. El Banco Mundial comentó en el pasado mes de junio, “El Banco reconoce los avances logrados en el sistema de salud pública y sus esfuerzos para garantizar la atención médica esencial para todos los nicaragüenses”. Antes, en abril su representante comentó “El Banco Mundial desea felicitar a Nicaragua por la excelente gestión de su cartera de proyectos, un reconocimiento a esto es que el país continúa logrando la tasa de desembolso más alta del Banco Mundial en Centroamérica.”
En enero de este año, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica señaló que “Nicaragua, como uno de los miembros fundadores del BCIE y con un perfecto ritmo de ejecución de su cartera de proyectos, siempre podrá contar con el apoyo del banco…” De igual manera, hace dos años en 2020 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por los gobiernos del G7 y que impone normas financieras que se aplican a nivel mundial elogió a Nicaragua por su nivel de cumplimiento de esas normas y sus requisitos. Se espera un informe positivo de GAFI sobre Nicaragua luego de las más recientes análisis de parte de sus técnicos de la legislación nicaragüense sobre la regulación de las corredurías de bienes inmuebles. Todo esto indica que en Nicaragua la administración pública y el comportamiento del poder ejecutivo de parte de su gobierno revolucionario tienen lecciones importantes tanto para los países de la región como para las autoridades corruptas de Estados Unidos y los países de la Unión Europea.
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